Estados Unidos. — Una decisión judicial ha desatado un torrente de indignación en redes sociales tras la liberación de Dacia Lacey, una mujer de 32 años que confesó haber asfixiado a su hija de dos meses utilizando cojines del sofá. La liberación se produjo después de que el juez Mark Stoner determinara que los fiscales no pudieron demostrar que el acto fue premeditado.
El juez argumentó que los cargos de negligencia de un dependiente con resultado de muerte no eran apropiados, ya que no se probó que Lacey tuviera la intención de matar a su hija, Alona. “Algo hay que hacer con intención criminal, con responsabilidad penal, y de eso se le acusa al acusado. La mala crianza, por definición, no es un delito”, expresó Stoner en la corte.
Inicialmente, Lacey había informado a la policía que la muerte de su bebé había sido un accidente causado por otros hijos; sin embargo, meses después admitió su responsabilidad en el incidente, alegando que estaba drogada con metanfetaminas y buscaba calmar el llanto de su hija para poder dormir.
En la sala, Lacey mostró emociones encontradas, llorando mientras el juez expresaba su decisión de liberarla “a regañadientes”, señalando que, aunque no era inocente, tampoco podía ser hallada culpable de los cargos que el estado había presentado contra ella.
Este caso ha reavivado el debate sobre la justicia penal y la protección de los menores, especialmente en situaciones donde la evidencia forense no es concluyente. La autopsia de la menor no pudo determinar una causa clara de muerte ni confirmar si se trataba de un homicidio, complicando aún más el proceso judicial.
La comunidad y las redes sociales han reaccionado con consternación y enojo ante la liberación de Lacey, cuestionando la capacidad del sistema judicial para proteger a los más vulnerables y castigar adecuadamente actos de violencia severa, incluso cuando la intención no está claramente establecida.