En el cierre del último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura 76 en Nuevo León, el Congreso local sigue enfrentando un estancamiento considerable, con un saldo de mil 778 expedientes todavía en el aire, sin dictaminar. Este martes, los diputados podrían sumar un récord de 30 sesiones canceladas si la tendencia de ausencias continúa, lo que evidencia una parálisis que ha caracterizado a este cuerpo legislativo.
Durante el segundo periodo ordinario, que va del 1 de febrero al 1 de mayo, se planearon 39 sesiones, pero hasta la fecha sólo se han logrado concretar 10. Esto representa apenas una tercera parte de las sesiones programadas, dejando una cantidad significativa de trabajo en suspenso.
A pesar de haberse extendido el periodo ordinario hasta el 30 de mayo —una decisión tomada el pasado 19 de marzo para recuperar el tiempo perdido durante las vacaciones de Semana Santa—, sigue habiendo dudas, especialmente en la bancada del PAN, sobre si continuar asistiendo al recinto legislativo o abandonarlo a partir del 30 de abril.
Los diputados tienen pendiente la resolución de 186 asuntos ya aprobados en comisiones, que aún no han sido discutidos en el pleno. Además, se encuentran en espera tres nombramientos cruciales: dos fiscales en Delitos Electorales y Anticorrupción, y una magistratura en el Poder Judicial.
El problema se agravó desde el 7 de febrero, cuando los diputados del Movimiento Ciudadano comenzaron a faltar en señal de protesta por no tomar protesta a Rosaura Guerra, diputada suplente de la priísta Alhinna Vargas. Aunque Guerra ya fue nombrada por la vicepresidenta del Congreso, la también emecista Tabita Ortiz, aún no es reconocida oficialmente como diputada, lo que añade más leña al fuego de la discordia.
Hoy, se esperan diversas sesiones de comisión que podrían desahogar algunos de los dictámenes pendientes, pero la incertidumbre y los conflictos políticos prevalecen, poniendo en duda la capacidad del Congreso para resolver efectivamente los asuntos legislativos en espera.